En su exposición de motivos, Salinas destacó la grave responsabilidad que implica conducir un vehículo, subrayando que el incumplimiento de las normas viales puede resultar en consecuencias catastróficas. Hizo un llamado a la conciencia social sobre los riesgos que conlleva la intoxicación voluntaria al volante, que afecta la coordinación motora, la percepción de distancias y la capacidad de juicio, factores que incrementan significativamente las probabilidades de accidentes fatales.
El legislador recordó casos trágicos ocurridos en el estado, como el de una menor de 7 años que perdió la vida en un choque causado por un conductor ebrio en el municipio de Juárez, en 2022. Esta y otras tragedias subrayan la necesidad urgente de aumentar las sanciones para los conductores bajo el influjo de sustancias.
La propuesta busca una reforma al artículo 65 y 66 del Código Penal de Nuevo León, incrementando las penas para quienes causen lesiones graves o homicidios bajo el efecto de sustancias intoxicantes. En el caso de conductores de vehículos particulares, la pena podría ascender de tres a nueve años de prisión, a una pena de cinco a quince años. Para los conductores de transporte público o escolar, la pena sería de seis a dieciséis años.
Salinas expresó que esta reforma busca enviar un mensaje claro y contundente: conducir bajo el efecto del alcohol o drogas no solo pone en peligro la vida del conductor, sino también la de personas inocentes, y por ello, debe haber sanciones más severas para prevenir futuras tragedias.
